El presidente de la Asociación para la Regularización de Viviendas en Mijas (ARV), Juan Antonio Blanco afirmó ayer que el colectivo aún no conoce el informe jurídico redactado por un experto para la solución del conflicto y que «ni siquiera se ha mostrado el catálogo de edificaciones ilegales que el Ayuntamiento está realizando». Por ello, quisieron manifestar su descontento con el primer edil, Antonio Sánchez.«La buena disposición de la que presume en los medios no es la que tiene con los verdaderos afectados», aseguró Blanco, quien además recordó que «pese a que se han entregado diez solicitudes para un encuentro, la asociación lleva sin reunirse con el regidor desde el pasado mes de julio».
Por ello solicitan al equipo de gobierno que se tomen las medidas necesarias para atajar este problema «agilizando la revisión del PGOU, herramienta indispensable para la legalización de las viviendas que son susceptibles de regularización», concluyó.
